En el caso de que encontremos petróleo (o cualquier otro recurso natural) en el jardín de nuestra casa, el destino de nosotros y nuestra familia será muy diferente según en el país donde nos encontremos.

Si estamos en EEUU será un motivo de gran alegría, pues acabamos de convertirnos en ricos. Por el contrario, si el evento ocurre en Venezuela, nos debería invadir la tristeza y la incertidumbre, puesto que el evento ocurrido nos condenará a la pobreza una vez llegue a oídos de los funcionarios del Estado.

Esto es porque -a diferencia de EEUU o cualquier país donde el propietario del suelo, lo es también del subsuelo- en Venezuela, el Estado es el propietario de todos los recursos naturales dentro del territorio nacional. Por lo tanto, al encontrar petróleo o cualquier otro mineral, en el jardín de su casa, el Estado procederá a quitarle el terreno y su casa.

La propiedad estatal del subsuelo, que no solo rige en Venezuela sino en los principales países exportadores de petróleo, es en realidad, propiedad privada, porque es de un solo accionista, el Estado. Se debe tener claro que las propiedades del Estado no son «de todos”, sino administrativamente  de  los que controlan el poder político, es decir, el gobierno, lo cual representa una gran incertidumbre en el mercado nacional e internacional, ya que un cambio de la elite en el poder podría ocasionar cambios bruscos en los precios.

Otro punto importante y que se desprende de la propiedad estatal de los recursos naturales, especialmente presente en Venezuela, es el uso de la renta petrolera para fines políticos e ideológicos.

El Estado no existe más allá de las personas que detentan los cargos en los organismos que lo conforman. Así, lo que pertenece al Estado, realmente no pertenece a nadie, o dicho de otra manera, un derecho de propiedad del Estado es un derecho de propiedad mal asignado, puesto que nadie se hará responsable de los bienes.

Es el gobierno de turno en su papel de administrador de los bienes del Estado, que actuara en concordancia con sus intereses políticos para fijar las cuotas de extracción, además de fijar mediante el uso abusivo de posición de monopolio que el mismo Estado se ha otorgado, el precio de comercialización de gasolina a nivel nacional.

La consecuencia económica de esto es que los recursos se despilfarran, tenemos regiones del país con abundantes yacimientos de petróleo cuya población es paradójicamente pobre y además se produce el incentivo perfecto para el fenómeno del contrabando de gasolina hacia Colombia, donde se vende a un precio mucho más elevado.

Esta idea de la propiedad estatal del subsuelo es una reminiscencia del derecho indiano (el marco jurídico aplicado por España a sus territorios en América en la época de la conquista), el cual establecía que la propiedad del subsuelo era del Rey. Al independizarse, los países de América hispana incorporan esta tradición a su legislación, cambiando el nombre del dueño de Rey a Nación, Patria o Estado. Tradición que se mantiene hasta hoy como se puede ver en esta noticia

Existe entonces una muy estrecha relación entre las instituciones jurídicas y la prosperidad económica, dicha relación, ha sido estudiada por lo que se ha denominado «nueva economía institucional». El economista, Douglas North, Premio Nóbel de Economía en 1993, afirma: ¨Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la acción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social, o económico¨

North concibe a las instituciones como las costumbres y reglas que proveen un conjunto de incentivos y desincentivos para los individuos; la definición de los derechos de propiedad constituye el punto fundamental para el desarrollo de instituciones eficientes, ya que permite la reducción de las externalidades, haciendo a los individuos dueños de los premios y los castigos derivados de sus acciones, es decir, internalizando los resultados.

Una gestión privada de los recursos naturales, debe ser precedida por el traspaso de la titularidad de la propiedad en manos del Estado a los ciudadanos. En otras palabras, la propiedad privada del subsuelo sería realmente pública, porque sería propiedad de muchas personas. Serían los dueños del suelo, (y no los políticos) quienes decidirían en base a sus intereses cómo maximizar la renta. Esto les llevaría a la prosperidad, haciendo rica a una gran cantidad de población.

Ya es hora de abandonar el régimen administrador del subsuelo que tenemos desde la época colonial, y aspirar por fin, a ser un país de ciudadanos libres, prósperos y responsables.

Privaticemos el subsuelo.

Por: Dakar Parada