Uno de los principios del estado de derecho es la igualdad ante la ley. Ante ella todos debemos ser iguales y debe ser aplicada de igual manera. Ese principio está bien representado por la imagen de la justicia, una mujer con una venda en los ojos (erróneamente se dice que es ciega), una balanza en una mano y una espada en la otra.

El sistema tributario debería seguir este principio de igualdad ante la ley, pero desde hace mucho este principio no se cumple, especialmente desde la aparición de los impuestos progresivos, en especial, el impuesto a la renta.

La base de este tipo de impuestos es que cada persona (moral o física) debe declarar sus ingresos, descontar algunos gastos (solo reconocidos por las administraciones tributarias) y luego se le aplica una tasa diferente, siempre más alta a aquellos que tienen rentas más altas. Para poder hacer esto, la ley ya no debe ser igual para todos, y lo que es peor, debe quitarse la venda para revisarle la cartera a cada individuo y decidir cuánto extraerle.

Los impuestos progresivos además de ser contrarios al estado de derecho, afectan enormemente la movilidad social. En estos tiempos en dónde se habla tanto de los efectos desigualdad, los impuestos progresivos permiten que la desigualdad sea mayor y que sea imposible superarla. Las personas de rentas altas se benefician de que los de rentas medias se les hace muy difícil ascender, dado que cada tramo tributario es cada vez más alto y en algunos casos es preferible no superarlos. Se termina creando una sociedad de castas.

Otro aspecto de este tipo de impuestos es que cada persona debe informar de manera detallada los ingresos obtenidos en el periodo fiscal. El nivel de detalle que cada vez más exigen las administraciones tributarias les permite tener un historial detallado de los niveles de ingresos de todos los ciudadanos. Empujado además por los bajos costos del almacenamiento informático y que las legislaciones sobre la protección de datos siempre excluyen a los gobiernos y sus brazos ejecutores, nos deja a los ciudadanos sin ningún tipo de privacidad e indefensos (a diferencia de las empresas privadas, uno no puede negarse a que los datos propios puedan ser usados en modelos analíticos usados por las agencias tributarias).

El impuesto sobre la renta es el instrumento por excelencia de expolio a las clases medias por parte de los gobiernos y sus castas privilegiadas. Las administraciones tributarias a lo largo del globo, a pesar de haber logrado un alto nivel de tecnicismo, se siguen usando como instrumento político de los gobernantes de turno en la persecución y acoso de disidentes, tal como hizo el IRS en la época de la presidencia Obama en USA contra todo aquel que se identificara como conservador o republicano; o de filtración de datos en la lucha política para destruir adversarios, tal como ha pasado recientemente con la situación presentada con el hermano de Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y miembro del Partido Popular de España, algo que también pasó con Esperanza Aguirre, otrora titular de la misma posición. También estás filtraciones han servido de insumo a la delincuencia organizada, tal como pasó en Venezuela con el secuestro y asesinato de los hermanos Fadoul.

Un punto final a analizar de los sistemas progresivos de tributación, muy extendidos en el mundo, es la llamada armonización tributaria. Se acusa a países con bajos impuestos progresivos de ser paraísos fiscales, o se presiona, como el caso de Irlanda, a tener una tasa mínima que apunta al alza, ya que a los gobiernos con altas tasas progresivas (como sucede en Europa) no les conviene tener vecinos con tasas más bajas que les permita a sus ciudadanos quedarse con el fruto de su trabajo o que las empresas puedan tener más ganacias.

Es hora de empezar a cuestionar los actuales sistemas tributarios y mirar reformas de los mismos que están llegando a un nivel de expolio asfixiante y muchas veces rayando en el terrorismo tributario, tal como sucedía en algún momento en la Venezuela del chavismo, o sucede de manera muy callada (por los medios) en la actual España. Y esa reforma tiene que empezar por la abolición de los impuestos progresivos, en especial el Impuesto a la Renta. Y seguida de la mano de evitar que las administraciones tributarias almacenen y utilicen de manera indebida los datos de los ciudadanos que somos expoliados (aunque se nos llame contribuyentes). Si no se avanza en ese sentido, no hay forma de que las bases de sociedades libres se sostengan.