Lo advirtieron los opositores catalogados como «radicales» desde 2016: el régimen de Nicolás Maduro no iba a dejar a la Asamblea Nacional cumplir sus funciones constitucionales.
Al contrario, mientras los parlamentarios se decantaban por la ruta más larga y engorrosa para buscar la salida (el fallido revocatorio), el chavismo fue ágil en inhabilitar diputados, convertir al Poder Judicial en un arma para anular las decisiones del legislativo, convertir el Parlamento en un simple grupo de debate ignorado por el Ejecutivo y finalmente, en «traidores a la patria» que debían ser perseguidos.
Este año, llegamos al punto cumbre de una escalada de destrucción coordinada de la Asamblea Nacional que comenzó desde el mismo momento en el que la oposición tomó el control del Parlamento, en 2016.
Al menos 30 diputados se han visto obligados a irse al exilio, han sido amenazados, allanada su inmunidad parlamentaria o, como en el caso de Juan Requesens, han sido apresados y torturados públicamente en los centros del terror creados por el aparato represivo más nefasto de la historia venezolana.
Recientemente, la detención brutal del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, volvió a encender las alarmas, pero la guerra fue avisada hace años, y quienes tenían las herramientas para evitar la catástrofe optaron siempre por políticas de apaciguamiento y negociación con el régimen que no tardó en pasarles factura. La cuenta, por supuesto, ha salido carísima.
Tanto Zambrano como la gran mayoría de los diputados viven hoy las consecuencias de las acciones (y omisiones) promovidas tanto por ellos como por sus propios partidos políticos.
La Asamblea Nacional no asimiló nunca que se enfrentaba a un régimen de mafias, con el que de poco o nada servía negociar.
Aún así, durante su primer año al frente del legislativo la oposición mantuvo la nefasta política de «doblarse para no partirse», doctrina impuesta por Ramos Allup que costó la pérdida de la representación indígena en la Asamblea Nacional y la obediencia silenciosa a las sentencias de un TSJ ilegítimo que jamás debieron reconocer.
Luego, en 2017, tras un año perdido, cientos de muertos y exiliados después, canjearon la ruta acordada en el plebiscito del 16 de julio por unas elecciones de gobernadores. ¿El premio que recibieron a cambio de posponer la libertad de Venezuela una vez más? Dos gobernaciones en manos de Acción Democrática, que en televisión pública reconocieron servilmente a la ANC ilegítima.
Las sesiones largas de saludos a la bandera sin acciones concretas no solo le pasaron factura a todo el país: hoy el Parlamento entero está recogiendo los frutos de lo que los partidos del Frente Amplio insistieron en sembrar.
Aprenden hoy, de la forma más dura, que de nada sirve dialogar ni dar concesiones a criminales. Ahora, la Asamblea Nacional está en riesgo de desaparecer. Sin coacción internacional, nada podrá salvar al Parlamento en el que millones depositaron sus esperanzas cuatro años atrás.
Pudieron elegir entre el deshonor y la guerra. Escogieron el deshonor. Ahora sufren la guerra.
Aún están a tiempo de rectificar.
Por: Vanessa Novoa
